Lamentamos profundamente los acontecimientos de violencia que se han generado en nuestro país. Estos hechos han transcendido intempestivamente hasta volverse actos terroristas, como el sufrido la semana pasada en la Cuidad de Monterrey, los cuales dañan a toda la sociedad, misma que ha sido la única en sufrir los embates por el constante hostigamiento de los grupos criminales, provocando que muchos contribuyentes se vean en la necesidad de cerrar sus negocios y pierdan su patrimonio.

Es por eso que estamos convencidos que un elemento para cambiar esta problemática social, tiene que ver con los impuestos, pues entendemos que estos sirven para la manutención del Estado, pero ha últimas fechas se ha visto una creciente alta de los mismos sin beneficio social real y que ante todo evidencian el carácter recaudatorio de nuestras autoridades sin conocer el destino final de dichos recursos y sobre todo violando principios constitucionales e imponiendo nuevas obligaciones fiscales con el único fin de identificar las operaciones de forma inmediata para la determinación de créditos fiscales.

Ante tal situación, es necesario que nuestros políticos efectúen una reforma fiscal completa y eficiente, la cual logre una reducción de impuestos, un aumento de la base de contribuyentes y la eliminación de obligaciones fiscales innecesarias. Tomando en cuento estos puntos se logrará un desarrollo económico estable, manejo de la inflación, aumento de empleos y una creciente recaudación.

Si no se presta atención de forma inmediata, podemos enfrentarnos a una crisis económica súbita y complicada, pues solo hay que ver los resultados arrojados durante el primer semestre de esta año por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, donde informa que la tasa de desempleo, tomando como parámetro a la Población Económicamente Activa (PEA) se ubicó en 5.62 por ciento, porcentaje mayor en comparación con el año anterior y lo que representa que la población desocupada se ubique en 2 millones 749 mil personas, pudiendo aumentar mes con mes en un promedio de 185 mil personas. Las cuales ante todo buscan empleos estables, que no sean  sobreexplotados y sobre todo que representen beneficios a futuro. Esto deja al descubierto el deterioro del mercado laboral y la calidad de los empleos, aunado  a la terrible cara de nuestras autoridades del trabajo y de seguridad social, las cuales año con año anuncian con “platillo y pombo” los empleo generados y registrados ante los mismos. Lo que no se dice es que estos datos son obtenidos principalmente por las administradoras de personal (outsourcing), los cuales logran la incorporación de nuevos trabajadores, la afiliación a los sistemas de seguridad social y la reglamentación legal de las relaciones laborales, entre otras cosas y al contrario se les ataca de una manera injustificada por el solo hecho de ser un medio de apoyo para el contribuyente.

Es por eso que seguiremos insistiendo, sobre la acción inmediata y contundente, ya que serán los medios necesarios para parar el crecimiento desmedido del comercio informal y se pueda atacar el hecho que muchos jóvenes vean en la delincuencia una forma de vida.

Otro punto que hemos estado haciendo hincapié, es sobre el cumplimiento de las expectativas puestas sobre la recién creada Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la cual entra en operaciones el 1° de septiembre y que aun cuando no cuente con instalaciones propias o presupuesto asignado, oficinas en las entidades federativas y sobre todo dependa de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, esta institución pueda ser un apoyo ágil, seguro y confiable para brindar asesoría en temas fiscales federales, representación legal o la presentación de quejas sobre el abuso de las autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, como el SAT, el IMSS, el INFONAVIT y las autoridades fiscales coordinadas de las 32 entidades federativas respecto del cobro de impuestos federales, entre otros, y sobre todo realice una verdadera defensa de los contribuyentes sin distinción alguna. La PRODECON, cuenta con sus oficinas en Avenida Nuevo León No. 250 Onceavo Piso, Colonia Hipódromo Condesa, México DF.

Hemos estado criticando la verdadera realidad del Dictamen Fiscal, pues más que un mecanismo de apoyo y control correcto de las obligaciones fiscales para los contribuyentes, éste se ha transformado en un elemento de apoyo para las autoridades fiscales para la realización de auditorías y en consecuencia la determinación de créditos fiscales de forma inmediata. Lo preocupante es las modificaciones que pretende el SAT, al buscar exigir responsabilidad solidaria al contador público certificado por las contribuciones determinadas en ejercicio de las facultades. Hecho lamentable y complicado pues representaría que el contador fue responsable por decisiones que legalmente no le corresponden.

Hay que estar pendientes de las reformas fiscales que se llevarán a cabo el siguiente ejercicio fiscal, pues estamos próximos a la presentación y discusión de Presupuestos de Egresos para el ejercicio 2012. Sobresale el tema de la Tenencia Vehicular, el cual se pretende su eliminación a nivel federal, reservando su imposición a los estados. Consideramos que este beneficio será utilizado como bandera política por cualquier partido político y  deja al descubierto la manipulación que ejercen nuestros gobernantes para buscar votos a su favor, no importándoles que se ha exigido su desaparición desde años atrás, por ser inconstitucionalidad y sumamente perjudicial para las economías de las familias.

Por último, como parte de nuestro compromiso con nuestros clientes, alianzas y amigos, hemos estado realizando estudios profundos sobre temas o asuntos en específicos, resaltando la Responsabilidad Solidaria en Impuestos Estatales, principalmente el generado por Nóminas, y las operaciones en efectivo y sus implicaciones penales, este último tema de suma importancia por la posible aprobación de la Ley para evitar el Lavado de Dinero. Las conclusiones sobre los mismos serán publicadas en nuestra página de internet con el objeto de informarles y proponer medios preventivos o soluciones fiscales legales. 

OPINION.